El gas radón: futuros límites legales a un contaminante olvidado

Autor: Ana Sacristán

El gas radón es un gas contaminante que no puede verse, ni olerse ni saborearse y que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), está relacionado con hasta un 14% de los cánceres de pulmón. El radón es un gas radiactivo, noble e inerte de origen natural, derivado de la desintegración natural del radio que, a su vez, procede de la cadena de desintegración del uranio. Proviene fundamentalmente de las emanaciones del terreno y se filtra en las edificaciones, nuestras viviendas y los lugares en los que trabajamos, a través de la solera, la cámara de aire de los muros exteriores, las paredes del sótano, los conductos de saneamiento y tuberías, el forjado sanitario o por grietas, fisuras y juntas. Suele encontrase sobre todo en sótanos y plantas bajas, pero que, a través de las instalaciones, puede llegar a filtrarse en plantas superiores.

La Unión Europea aprobó en 2013, la Directiva 2013/59/Euratom que ha de transponerse a los estados miembros con anterioridad al 6 de febrero de 2018 y que, por primera vez, obliga a los gobiernos a realizar mediciones en lugares de trabajo ubicados en áreas de riesgo y mitigar la concentración de radón en los que se registre un mínimo de 300 becquerelios por metro cúbico, la unidad de medida utilizada con este gas y que equivale a la desintegración atómica que se produce en un segundo. Los países miembros deberán, además, introducir requisitos específicos en los códigos de edificación que eviten la entrada de este gas en los inmuebles de nueva construcción y “fomentarán” su reducción en las viviendas, edificios de acceso público y lugares de trabajo ya existentes. El Ministerio de Fomento se encuentra tramitando un decreto para introducir en el Código Técnico para la Edificación (CTE) “exigencias reglamentarias relativas a la protección frente al gas radón en edificios residenciales”. Las modificaciones del CTE incluirán requisitos para las obras que haya que realizar en inmuebles construidos donde se supere el nivel de referencia que el Gobierno español determine, que no podrá ser mayor que los 300 becquerelios fijados por la directiva europea.

Las zonas de mayor riesgo en España son Galicia –con las provincias de Orense y Pontevedra principalmente-, parte de Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid y ciertas zonas de Castilla La-Mancha, según el Consejo de Seguridad Nuclear.

Nos mantendremos alerta sobre la futura normativa al respecto, y les informaremos puntualmente sobre las novedades legales, tanto desde el punto de vista de los usuarios de las edificaciones, como en relación al asesoramiento sobre los nuevos requisitos legales para constructores y promotores de este tipo de edificaciones.