El Tribunal Supremos se lo pone algo más difícil a los deudores

Autor: Sascha Villoro Graske

El Tribunal Supremo confirma la flexibilización de las duras exigencias que, en muchos casos, daban al traste con cualquier intento de ejercitar la acción rescisoria contra el deudor que se deshacía de su patrimonio para dejar sin bienes que pudieran ejecutar sus acreedores.

Como regla general, los abogados huimos de generalizaciones o aforismos desinformados, del tipo: “Es que la justicia se pone de parte de los malos!”. Pero lo cierto es que, cuando hablamos de deudores, especialmente en el ámbito empresarial, una cosa es ganar el pleito y otra, cobrar. Sobre todo, cobrar en un plazo aceptable. Consciente de este problema, el Tribunal Supremo ha decidido dar una nueva arma a los acreedores frente a morosos recalcitrantes.

En su Sentencia del pasado 21 de diciembre, el Tribunal Supremo ha decidido reducir las exigencias de la acción rescisoria. La rescisión es una acción judicial que permite a un tercero deshacer un determinado negocio que es, en sí mismo, plenamente válido, si demuestra que dicho negocio le ha perjudicado. El ejemplo clásico, y al que se refiere la sentencia que vamos a comentar aquí, es un deudor que dona su patrimonio a un tercero (normalmente un familiar o una empresa que también controla) para que sus acreedores no le encuentren bienes con los que cobrarse la deuda.

Para evitar que los acreedores abusen de esta figura legal, la acción rescisoria, tradicionalmente, ha estado fuertemente restringida: se venía exigiendo demostrar que el deudor no contaba con otros bienes; que el crédito del acreedor fuera anterior al negocio que se quería deshacer; y que tampoco fueran solventes sus codeudores, si lo eran solidariamente.

Sobre la posible existencia de otros bienes, el Tribunal Supremo ha ido flexibilizando el carácter subsidiario de la acción rescisoria, por lo que la insolvencia ya “no debe acreditarse de un modo absoluto, como total carencia de bienes del deudor, siendo suficiente la acreditación de una significativa disminución de la garantía patrimonial del deudor que impida o haga especialmente difícil el cobro del crédito.”

En cuanto a que el derecho de crédito deba ser anterior al negocio que queremos atacar, el Tribunal Supremo, ya en sentencias anteriores a ésta también hizo por facilitarle las cosas al acreedor: “No puede aplicarse un criterio estrictamente cronológico, sino que  es preciso analizar cada caso en sus particulares circunstancias, especialmente para corroborar el fraude intencionado, que pueda gestarse incluso con cierta anticipación al momento del nacimiento del derecho de crédito ante su próxima y segura existencia posterior.” Esta última decisión es la que más nos llama la atención, pues permite perseguir al deudor que, viendo venir una mala situación económica, se adelanta donando o malvendiendo sus bienes inmediatamente antes de efectuar el negocio que dará lugar a la deuda.

Finalmente, en lo que se refiere a la eventual solvencia de los codeudores (“no me reclame a mí, que no tengo nada, vaya a por él, que tiene dinero de sobra”), estima el Tribunal Supremo que “es la insolvencia del deudor o fiador contra quien acciona el acreedor la que debe ser tenida en cuenta, con independencia del derecho del fiador solidario para accionar, a su vez, contra el deudor principal y los demás cofiadores”.

 

Si cree que la sentencia no le afecta, es que su empresa ha tenido la extraña suerte de no tener que enfrentarse (hasta la fecha) a un deudor que se deshace de sus bienes. Pero tenga por seguro que, tarde o temprano, le dará las gracias al Supremo por relajar las exigencias de la otrora restrictiva acción rescisoria.