Nuevos requisitos para el control de los medios telemáticos en la empresa: Sentencia del TEDH de 5 de septiembre de 2017

Autor: Víctor Sánchez del Olmo

Análisis de la última doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)  que obliga a replantearnos determinados requisitos y procedimientos previamente establecidos por nuestros Tribunales sobre el acceso al correo electrónico corporativo de los trabajadores.

 

Con la nueva doctrina emanada de la Gran Sala del TEDH, que revoca la dictada por la Sección Cuarta del mismo Tribunal y que nos ilustra con rigurosos requisititos (a modo de test) para controlar estas herramientas, debemos plantearnos si la doctrina nacional dictada hasta la fecha por nuestro Tribunal Constitucional se ajusta a estos criterios o si, por el contrario, contiene menos garantías para los trabajadores y, por tanto, ha de ser revisada.

Hasta la fecha, el Tribunal Constitucional ha marcado el camino a seguir para el acceso y control de la cuenta de correo electrónico corporativo de los trabajadores, estableciendo una obligación genérica de prohibición del uso personal de los medios telemáticos de la empresa y/o de preaviso al empleado, valiendo incluso el cauce convencional, de que ese uso puede ser controlado y utilizado en su contra.

Estas prohibiciones y advertencias por parte de la empresa, hasta el momento, evitaban lo que el Tribunal denomina una “expectativa razonable de privacidad” por parte de los empleados lo cual, llegado el caso, y previa superación del juicio de proporcionalidad, era una suerte de título habilitador que facilitaba a la empresa el acceso a la cuenta de correo electrónico corporativo de los empleados.  

Sin embargo, parece que la nueva doctrina Barbulescu viene a cuestionar la emanada y solidificada por nuestro Tribunal Constitucional indicando que, a partir de ahora, para el acceso y control de estos medios se hace necesario analizar y comprobar: (i) que se ha informado previamente al trabajador de la posibilidad y el momento de llevar a cabo medidas de vigilancia sobre sus comunicaciones; (ii) el alcance de la vigilancia llevada a cabo por el empresario y el grado de intromisión que esta supone en la vida privada del trabajador, ponderando siempre la finalidad pretendida por la empresa con los medios que se han utilizado para lograrlo; (iii) que existe una justificación fundamentada, particular y concreta, para proceder con una vigilancia sobre las comunicaciones de los trabajadores; (iv) que existe una proporción real entre la finalidad de la vigilancia y los medios empleados; (v) que se han examinado las consecuencias finales que la vigilancia sobre las comunicaciones ha provocado sobre el trabajador y; (vi) que se ha comprobado que se han respetado las máximas garantías de los trabajadores cuyos derechos a la intimidad y secreto a las comunicaciones han sido violados.

A la vista de lo anterior, parece que la protección dispensada por el Tribunal Constitucional en los últimos tiempos en relación al acceso y control de las comunicaciones de los empleados y, en concreto, del acceso al correo electrónico corporativo se sitúa en general por debajo de las exigencias establecidas por el TEDH que vendrían a significar un juicio de proporcionalidad reforzado o cualificado.

Se hace obligatorio, por tanto, la adopción de nuevas medidas de política interna en las empresas para regular el uso y control de los medios telemáticos en el centro de trabajo y un protocolo de actuación para aquellos casos en los que se precise el acceso a estos.