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La admisión por parte del Tribunal Supremo de grabaciones de video como prueba para el despido

CARLOTA AGUIRRE DE CÁRCER LUITJENS

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado en fecha 31 de enero de 2017 una sentencia en unificación de doctrina que admite como prueba en los juicios por despido las grabaciones efectuadas por las cámaras de vigilancia en el lugar de trabajo.

La recurrente, un establecimiento comercial, procedió al despido de uno de sus trabajadores basando éste en la transgresión de la buena fe contractual, fraude, deslealtad y abuso de confianza, alegando una "presunta actuación de hurto y de manipulación de tickets en diversas ocasiones".

Dicha actuación fue justificada por la empresa mediante la aportación de las grabaciones realizadas a través de sus cámaras de video vigilancia, situadas en el lugar de trabajo, pero el Juzgado de Barcelona y el TSJ de Cataluña calificaron el despido como improcedente al entender que la prueba había sido obtenida mediante la vulneración del derecho a la protección de datos del trabajador por la falta de información previa sobre la finalidad y el objetivo de la instalación de dichas cámaras, declarando así la invalidez de la prueba.

No obstante lo anterior, el Tribunal Supremo ha entendido que la instalación de las cámaras de seguridad es una medida justificada de seguridad, idónea para lograr el control de hechos ilícitos, y que dicha medida se considera necesaria y proporcionada al fin que persigue. Hace hincapié en que los trabajadores eran conocedores de la existencia y de la ubicación por “razones de seguridad”, entendiendo que bajo esa expresión se incluye “la vigilancia de actos ilícitos de los empleados y terceros y en definitiva de la seguridad del centro de trabajo”. Por esta razón se entiende justificada la limitación de los derechos fundamentales que entran en juego.

 

Con el fallo favorable, se resuelve el debate planteado con anterioridad sobre la admisión como medio de prueba de las grabaciones de imágenes por cámaras de seguridad.  Se entiende que de ahora en adelante, y siempre y cuando los trabajadores sepan de la existencia de las cámaras de vídeo-vigilancia en su lugar de trabajo y conozcan su ubicación, podrán ser utilizadas las grabaciones como prueba, sin que se considere una vulneración de derechos fundamentales.