La Federación de Taxistas de Barcelona v. Uber: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea publica las conclusiones de su Abogado General

Autor: Pia V. Kohrs

El pasado 11 de mayo de 2017, la controversia acerca de las actividades realizadas por Uber en España ha tomado una dirección que puede ser definitiva, una vez publicadas las conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Maciej Szpunar, en torno a la cuestión prejudicial planteada el 17 de junio de 2015 por el Juzgado Mercantil Nº 3 de Barcelona. 

La conocida plataforma digital Uber permite la prestación de servicios de transporte urbano a través de una aplicación móvil. Su servicio incluye la gestión del contacto entre conductores y viajeros, asignando las rutas y los precios según un algoritmo informático y de acuerdo con la  demanda efectiva en cada momento. La controversia: las actividades de transporte urbano están altamente reguladas por una normativa que podría resultar incompatible con el modelo de negocio innovador de esta plataforma. La Federación de Taxistas de Barcelona interpuso demanda contra Uber en octubre de 2014, alegando que la prestación de servicios por parte de Uber sin contar con la licencia de transporte pertinente constituía un acto de competencia desleal. 

La duda del Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona gira en torno a una pregunta esencial: ¿Qué es Uber? A la luz de la normativa legal aplicable en este momento, la naturaleza jurídica de los servicios ofrecidos por Uber no permite una interpretación inequívoca. Por un lado, la normativa española somete la prestación de servicios de transporte a un estricto control por parte de la administración. Por el otro lado, la regulación comunitaria liberaliza los llamados “servicios de la sociedad de la información”. Éstos son, en esencia, servicios que se prestan electrónicamente y que llevan a cabo una intermediación entre oferta y demanda en distintos mercados. Un ejemplo clásico: una herramienta online que permita la búsqueda y comparación de vuelos de distintas aerolíneas, redirigiendo al usuario a la página web de las aerolíneas implicadas para la reserva del viaje. El modelo de negocio de Uber difícilmente encuadra en las previsiones legales vigentes, pues no existía a la hora de legislar. 

El dictamen de Szpunar es concluyente: Uber presta servicios de transporte y en consecuencia debe cumplir con la legislación aplicable al sector. El dictamen del Abogado General no vincula al TJUE, sin embargo existe una alta probabilidad de que sus razonamientos sean acogidos en sentencia. En este sentido, el TJUE tiende a acogerse a las conclusiones de los Abogados Generales en un 80% de los casos, según algunas estimaciones. La sentencia en este asunto, que se espera para finales del año 2017, podría ser decisiva para el futuro de Uber y las demás plataformas de economía colaborativa que se encuentran actualmente en un limbo legal. 

Por ahora, Uber pretende prestar sus servicios a través de las llamadas licencias “VTC”, de vehículos de transporte con conductor. No hay datos concluyentes que prueben en qué medida los conductores de Uber disponen efectivamente de esta autorización, ni está claro qué tipo de control ejerce la compañía al respecto. Tampoco se han probado las acusaciones en torno al supuesto empleo en España de Greyball, una herramienta informática que permite la elusión del control público sobre los conductores de Uber. Claro está, que una fórmula legal que permita la prestación de servicios de transporte urbano por parte de particulares (sin licencia de taxi o VTC) aún no existe. De cara al futuro, habrá que esperar a ver si el legislador cederá el paso a la uberización del sector de transporte urbano – y en qué medida lo hará para alcanzar los fines de liberalización del sector y satisfacción del interés general.