La retribución de los administradores contrataca

Autor: Peña Ibarra 

Las modificaciones introducidas en la legislación mercantil mediante la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”) para la mejora del gobierno corporativo han conllevado importantes reflexiones en el ámbito mercantil, fiscal y laboral y es objeto de este artículo informarles de los aspectos más relevantes a tener en cuenta. 

El artículo 217 de la LSC regula el régimen retributivo de los administradores de las sociedades de capital, y en términos generales se desprende que: 

  • El cargo de administrador es gratuito, salvo que los estatutos sociales de la sociedad prevean lo contrario, existe, por tanto, una presunción de gratuidad. Es de destacar que esta retribución se refiere única y exclusivamente a la remuneración que se recibe por las funciones de administrador como tal, sin perjuicio de que pueda existir otro tipo de relación entre la persona que ocupa tal cargo y la sociedad. 
  • En caso de preverse el carácter retribuido del cargo, los estatutos sociales deben fijar el sistema de retribución. La LSC facilita un listado sobre sistemas de retribución: fija, dietas, participación en beneficios- con limitaciones distintas según se trate de una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima- retribución variable indicando parámetros para determinarla, entre otros No obstante ello, debe entenderse éste como un listado abierto, teniendo las sociedades plena libertad para fijar otro sistema. En cualquier caso, el sistema de retribución debe constar siempre en los estatutos sociales para que dicha retribución sea deducible en el impuesto de sociedades. 
  • En relación a la cantidad, la LSC  prevé que es la junta general de accionistas o socios la competente para aprobar el máximo anual, pero, siendo este un máximo ¿quién acaba concretando la retribución? De acuerdo con la previsión legal, debe entenderse que queda en manos del órgano de administración siendo el único límite el máximo anual previamente fijado por la junta y en la práctica ello puede conllevar decisiones discrecionales del órgano de administración, con las que los accionistas o socios pueden estar de acuerdo o no. Llegados a este punto es preciso señalar que puede dotarse a la junta de mecanismos para controlar este aspecto. Por otro lado, en tanto la junta no adopte un acuerdo que la modifique, la remuneración se mantendrá vigente. 

Así mismo, conforme al artículo 249 de la LSC y para el caso en que la sociedad esté gestionada por un consejo de administración y éste delegue funciones ejecutivas, ya sea a un apoderado o a un consejero delegado, debe existir un contrato que fije la retribución y eventual indemnización por cese anticipado a formalizar entre dicha persona y la sociedad. Así las cosas, la retribución que dicha persona reciba por el desempeño de funciones ejecutivas no deben constar en los estatutos sociales, sino en el contrato a formalizar.

Desde Rödl & Partner queremos destacar la importancia los aspectos a analizar en relación con la retribución de los administradores y que no son siempre tan evidentes. Resulta primordial definir al detalle el sistema de retribución en los estatutos sociales y adaptarlos al interés de las mismas con los límites que la ley nos marca. La correcta previsión del sistema de retribución en los estatutos sociales conllevará la legalidad de tal gasto y, por tanto, la deducibilidad de dichas retribuciones en el impuesto de sociedades. Es necesario analizar los aspectos laborales en cuanto a la naturaleza del contrato que exista entre la persona física y la sociedad y su encuadramiento en el sistema de la Seguridad Social al nombrar a una persona con funciones ejecutivas en el consejo de administración. Así mismo, resulta altamente recomendable revisar los contratos existentes entre dichas personas con funciones ejecutivas y la sociedad con anterioridad a la introducción de estas novedades legislativas para adaptarlos y aprobarlos oportunamente.