El Tribunal Constitucional anula la prohibición del autoconsumo compartido

Autor: Ramón Marés Salvador

El Tribunal Constitucional, en sentencia de 25 de mayo de 2017, ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad del apartado 3 del art. 4 del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre de 2015, que disponía lo siguiente: “En ningún caso un generador se podrá conectar a la red interior de varios consumidores.”

El Tribunal Constitucional declara que la prohibición contenida en el art. 4.3 del Real Decreto 900/2015 invade las competencias de las Comunidades Autónomas y dificulta la consecución de objetivos de eficiencia energética y medioambientales en línea con los establecidos por la Directiva 2009/28/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables; la Directiva 2010/31/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios; o la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética.

El Tribunal Constitucional considera que, en lo que respecta a las llamadas “instalaciones de enlace”, no se justifica la necesidad de esta prohibición para la implantación eficaz y sostenible del autoconsumo en el sistema eléctrico y se impide a las Comunidades Autónomas adoptar medidas para potenciar su uso en el marco de sus competencias.

Esta sentencia anula la prohibición del autoconsumo compartido y permitirá a las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, promover medidas para la implantación de instalaciones comunes de autoconsumo en urbanizaciones, edificios de viviendas o cualquier otro tipo de edificio complejo o con elementos comunitarios y de las que se puedan beneficiar varios usuarios.

Por otro lado, también se ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 19 a 22 del Real Decreto 900/2015, que regulan el Registro Administrativo de Autoconsumo de Energía Eléctrica centralizado, por considerar que vulnera las competencias ejecutivas en materia de energía que corresponden a las Comunidades Autónomas.