España efectúa la transposición de la Directiva 2014/67/UE sobre desplazamiento de trabajadores para realizar una prestación de servicios transnacional

Autor: Carlota Aguirre de Cárcer Luitjens

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo , por el que se transponen diversas directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, así como sobre el desplazamiento de trabajadores. 

De esta manera se transpone a nuestro ordenamiento la Directiva europea sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, con la finalidad de imponer un control más exhaustivo de las condiciones laborales de los trabajadores desplazados que prestan temporalmente sus servicios en nuestro país. 

El Título IV de este Real Decreto, que entró en vigor el día 27 de mayo, regula las modificaciones de la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, y del-Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

En relación con la mencionada Ley 45/1999, se efectúan las siguientes modificaciones: 

- Se definen los conceptos “autoridad peticionaria” y “autoridad receptora de la petición” en relación con la asistencia mutua en la notificación y ejecución transfronteriza de sanciones por incumplimiento de la normativa.- Se introduce la posibilidad de efectuar la comunicación de desplazamiento electrónicamente a través de un registro electrónico central, cuyo establecimiento efectivo tendrá lugar en el plazo de seis meses.

- Se añade la necesidad de determinar en la comunicación de desplazamiento quién (persona física o jurídica) actuará como enlace entre la empresa y las autoridades españolas y quién representará a la empresa en los procedimientos de negociación, información y consulta de los trabajadores desplazados.

- En relación con la obligación de comparecer y aportar la documentación requerida se añaden las obligaciones de tener disponible (bien en el centro de trabajo, bien de manera digital) los contratos de trabajo, recibos de salarios y comprobantes de su pago, registros horarios realizados de la jornada diaria y autorizaciones para trabajar de nacionales de terceros países; todo ello traducido al castellano. 

- Se prevé que la autoridad competente realizará una evaluación global, para verificar el cumplimiento de las condiciones del desplazamiento.

Las modificaciones del Real Decreto Legislativo 5/2000 son: 

- La responsabilidad de los empresarios en el ámbito desplazamiento a España ya no se limita a las condiciones de trabajo de los trabajadores desplazados, sino abarca todas las obligaciones establecidas en la normativa que regula estos desplazamientos.

- Como infracción leve se incluye la falta de información en tiempo y forma de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales leves a las autoridades.

Y por último, en el campo de las infracciones graves, se añaden las siguientes: 

- No designar en la comunicación al representante que ejerce de enlace con las autoridades españolas y al representante de la empresa en los procedimientos de información y consulta de los trabajadores, y negociación.

- No tener disponible en España la documentación requerida relativa al desplazamiento.

- No informar en tiempo y forma a la autoridad laboral de los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales graves, muy graves o mortales.

- No presentar la documentación requerida por la ITSS o presentar los documentos sin traducir.